La prostitución: esto no va de sexo

No nos engañemos: en la prostitución las mujeres no ejercen su libertad sexual y no es lo mismo practicarla de manera consentida que voluntaria. Si nos escandaliza que alguien venda un riñón por necesidad, ¿por qué puede vender su sexualidad?

La prostitución: esto no va de sexo
En la prostitución las mujeres no ponen en funcionamiento los deseos ni esperan la obtención de ningún tipo de placer. No nos engañemos, no es libertad sexual. Libertad sexual tiene el prostituidor que compra un servicio, no la mujer al servicio del prostituidor.
 Vemos con claridad que es una forma de violencia de género cuando en la prostitución existe coacción, cuando existe intimidación, fuerza o existe una explotación de un tercero de la actividad de prostitución de una persona, y especialmente grave cuando hablamos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (donde no olvidemos que el 90% de las víctimas son mujeres y niñas); pero el debate se suele centrar fundamentalmente en qué ocurre con ese sector de la población que afirma ejercer la prostitución de forma “voluntaria y libre”. Y ese es el eje del debate jurídico y social más complejo, porque en todo los demás existe unanimidad en que hay que combatir, como manifestación de violencia de género, cualquier tipo de explotación sexual por un tercero.

Así mismo, y en relación con esto, debemos destacar que la prostitución es un fenómeno con un claro componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40-42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de quienes se prostituyen mujeres y niñas, y casi la totalidad de los usuarios hombres; estas declaraciones se contienen en la resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución, y su impacto en la igualdad de género. Identifica estos fenómenos como una violencia contra la mujer y una violación de la dignidad humana y de la igualdad de género, que se nutre de esa desigualdad de hombres y mujeres, usándola para captar mujeres y niñas, valiéndose de la feminización de la pobreza.

 Los argumentos reglamentaristas esencialmente —y existen corrientes y matices— pretenden que la actividad de la prostitución se considere como un trabajo, un trabajo que desarrollan dentro del principio de autonomía personal, teniendo derecho a adoptar las decisiones que tengan por convenientes sobre su vida y su cuerpo dentro del derecho.
 Este fenómeno existe porque hay un mercado prostitucional que busca satisfacer una demanda compuesta en una inmensa mayoría por hombres. Así, la prostitución es una institución social que satisface la demanda masculina. Las estructuras patriarcales entran en relación con el resto de estructuras de poder, posicionando a las mujeres, especialmente a las mujeres de las clases bajas y a las mujeres inmigrantes, en situaciones de mayor vulnerabilidad que a los hombres. Mujeres en un estado de necesidad y pobreza que hacen que su consentimiento esté totalmente viciado.

La situación actual se resumió ya en la Memoria de la fiscalía del año 2012, que declaró que la admisión pura y llana de la figura del comerciante sexual (individual o colectivo) y la proliferación de establecimientos u otros lugares en donde se lleva a cabo el incontrolable comercio sexual de mujeres determinan que —dada la mecánica comisiva de los delitos de trata y sus características criminológicas— queden encubiertos multitud de casos en que el ejercicio de la prostitución es impuesto ab initio a la mujer a modo de esclava sexual.

Siguiendo los datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior, la explotación sexual, vinculada a la prostitución coactiva en clubes de alterne, desciende de manera significativa en España en comparación con el año 2015, por lo que el ejercicio actual de la misma supone una mayor presencia callejera o en viviendas particulares, lo que dificulta las labores de prevención que se pueden llevar a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entiendo por tanto que el ejercicio de la prostitución sigue siendo un elemento favorecedor de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la explotación sexual. La causa de la explotación sexual es la existencia de demanda de mujeres-mercancía, que será satisfecha por los tratantes: tratantes y prostituidores, esa es la causa de esta execrable conducta.

Atendiendo al informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) de 2016, durante las inspecciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizadas en 2016 se detectó a un total de 12.419 personas en riesgo de encontrarse en situación de trata de seres humanos y/o de explotación sexual. Al igual que en años anteriores, el informe de 2016 señala que las personas en riesgo son en su mayoría mujeres de nacionalidad rumana (seguida de la española, dominicana, brasileña, colombiana y paraguaya), en situación regular en España y detectadas en “clubes de alterne con plaza”. ¿Por qué creo que es perjudicial para el Estado democrático introducir este modelo de reglamentación? Porque las personas, y en concreto las mujeres y niñas, no somos mercancías ni objetos consumibles sexualmente, porque no todo se puede vender, porque queremos una sociedad igualitaria y porque nos estaremos añadiendo obstáculos para combatir las mafias y los grupos organizados que trafican con seres humanos con fines de explotación sexual.

Así mismo creo que no es lo mismo ejercer la prostitución de manera consentida que voluntaria. Porque la elección que tienen no es ser ejecutiva o médico, las alternativas que las prostitutas tienen, en su mayoría, son otras, por la precariedad laboral en las que los colectivos vulnerables de mujeres se encuentran, caldo de cultivo para ser captadas por las mafias.

Y la prostitución no solo afecta a quien la ejerce, si no que también tiene incidencia sobre la salud y la seguridad pública. En ocasiones esta situación daña a la persona que la ejerce en su salud física o psicológica; además en estos contextos se producen altercados con repercusión en la población donde se radica o sobre las personas que están cercanas a aquellas que ejercen la prostitución, por lo que las políticas criminales y sociales han de incidir igualmente en ofrecer alternativas laborales y asistenciales.

Y si no, reflexionemos. Si una madre no tiene dinero y su situación es acuciante, ¿nos planteamos que pueda vender, muy consentidamente, su riñón? Y entonces, ¿por qué sí puede vender su sexualidad? Los seres humanos no somos mercancías ni objetos de usar y tirar.

María Gavilán Rubio es jueza y profesora en la Universidad Complutense de Madrid.

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